El joven que llegó al país desde Uruguay en un barco de la empresa Buquebus con 400 pasajeros y con síntomas de coronavirus, negó hoy haber cometido un delito contra la salud pública, mediante un escrito presentado durante su indagatoria realizada por videoconferencia.
Fuente judiciales informaron a Télam que, tras la presentación del escrito, Lucas Singerman (22) se negó a responder preguntas del juez federal de la causa, Luis Rodríguez.
Tras la diligencia, la defensa del joven solicitó su excarcelación una vez que se recupere en el Sanatorio Agote, a lo que la fiscal federal María Alejandra Mangano no se opuso, motivo por el cual es probable que en breve recupere la libertad.
Los voceros informaron que la diligencia se realizó mediante una videoconferencia en la que el acusado participó desde el Sanatorio Agote, donde se encuentra internado desde su arribo al puerto metropolitano el 19 de este mes.
Si bien aún no fue oficialmente incorporado a la causa, fuentes judiciales dijeron que habría un anticipo que llegó al juzgado indicando que efectivamente Singerman tiene Covid-19
La indagatoria se llevó a cabo cerca de las 17 y, según las fuentes, Singerman fue asistido por su defensor, Mariano Cúneo Libarona, quien puso en conocimiento al juez del escrito en el que niega todos los cargos que se le imputan.
Luego, al ser consultado por el magistrado, el muchacho se negó a responder preguntas, por lo que se dio por concluida la diligencia.
Singerman está acusado de violar el artículo 202 del Código Penal, que reprime con “reclusión o prisión de tres a quince años” al que “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Las fuentes judiciales informaron que esa imputación se basa en que los investigadores sospechan que el acusado violó la cuarentena a sabiendas de que estaba enfermo.
Ayer, Cúneo Libarona había adelantado la estrategia de defensa cuando manifestó en diálogo con TN que Singerman desconocía su diagnóstico al momento de abordar el buque en Colonia, Uruguay,
Según el abogado, cuando el joven viajó desde Francia a Uruguay, “estaba sin síntomas” y “los padres le pedían que volviera a la Argentina”, por lo que “por precaución se hizo un examen en el Sanatorio Mautone” del departamento uruguayo de Maldonado.
“Él no tenía que quedarse esperando el resultado del examen ni tenía que quedarse en cuarentena, según establece la ley uruguaya, por lo que los padres consultaron al Consultado y le dijeron que no había ninguna inhibición, y que había un vuelo sanitario a la noche, dos salidas de Buquebus, o que cruzara caminando por Paysandú”, explicó el abogado.
De acuerdo a la versión de la defensa, Singerman recibió el diagnóstico de Covid-19 positivo cuando estaba ya en el barco.
Ya “habían informado desde Uruguay a la Argentina que había un chico que había pasado perfectamente los controles, pero él fue espontáneamente a la tripulante, le dijo que acababa de tomar conocimiento del resultado y lo aislaron, eso fue todo”, puntualizó Cúneo Libarona.
“Pensar que este chico dolosamente estaba contagiando gente es realmente aterrador”, agregó el letrado, quien además enfatizó que “en ese barco venían 400 personas con riesgo, era un barco sanitario donde todos asumían el riesgo de estar con otros”.
“¿Qué norma violó si todavía no había llegado a la Argentina? Ninguna, él hizo todo bien, obró con legalidad”, aseguró el letrado.
Tras conocerse el episodio el pasado 19, investigadores del caso explicaron a Télam que Singerman podría quedar sujeto a “medidas patrimoniales para garantizar bienes” ante posibles demandas civiles por parte de los centenares de pasajeros y empleados de Buquebús que fueron obligados a cumplir cuarentena.
Además, el Gobierno de la Ciudad adelantó que va a reclamar por los daños y perjuicios que provocó el operativo que debió llevarse a cabo en la terminal de Buquebús, por lo que pidió a la Justicia que se lo admita como querellante en la causa.
Es que, según las fuentes, el procedimiento tuvo un costo de 700 mil dólares, entre los gastos que demandó el operativo en el puerto, el alquiler de combis y traslado a los hoteles de los pasajeros del buque, entre otros.
Es que ese día efectivos de Prefectura Naval y personal de la Dirección Nacional de Migraciones intrevinieron ante la llegada del buque San Patricio al puerto metropolitano proveniente de Colonia con 423 personas, 404 pasajeros y 19 tripulantes.
Ante la sospecha de un infectado a bordo, se debió implementar un operativo de traslado y custodia de todos los pasajeros y tripulantes del barco a hoteles porteños para que queden aislados hasta ser remitidos a sus domicilios para que cumplan con su aislamiento.
