Paraguay atraviesa una crisis financiera y política por el caso Ueno Bank: piden juicio político contra Santiago Peña
La intervención de Ueno Bank, las detenciones de directivos y los cuestionamientos por el manejo de fondos públicos desataron una fuerte crisis institucional en Paraguay. La oposición impulsa un juicio político contra el presidente Santiago Peña, mientras crece la preocupación por los ahorros, los recursos previsionales y la estabilidad del sistema financiero.
Paraguay atraviesa una de las crisis financieras y políticas más delicadas de los últimos años. La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central, las investigaciones penales contra sus directivos y los vínculos empresariales relacionados con el presidente Santiago Peña colocaron al Gobierno bajo una fuerte presión política.
El caso dejó de ser exclusivamente un problema bancario. La situación alcanzó al sistema político, abrió interrogantes sobre los mecanismos de supervisión financiera y puso bajo discusión el destino de importantes recursos públicos y previsionales depositados en la entidad.
En medio de este escenario, sectores de la oposición anunciaron que impulsarán un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Ueno Bank: la intervención que sacudió al sistema financiero paraguayo
El Banco Central del Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa.
La medida implicó el cese de las operaciones habituales de la entidad y generó incertidumbre entre millones de clientes que utilizaban sus servicios para realizar transferencias, recibir salarios y administrar sus ahorros.
Ueno contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba importantes volúmenes de recursos. Entre ellos había fondos públicos y previsionales, incluidos depósitos e inversiones vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS).
La preocupación se extendió a los jubilados que cobraban sus haberes a través del banco y a los ahorristas que necesitan recuperar el acceso a su dinero.
Detenciones e investigación: la Justicia busca determinar responsabilidades
La crisis bancaria derivó en una investigación del Ministerio Público, que confirmó detenciones de directivos de la entidad.
La causa investiga posibles delitos relacionados con la administración de recursos y las operaciones de la institución, entre ellos presuntas conductas de lesión de confianza y estafa.
Las autoridades judiciales buscan determinar cómo se llegó a la situación financiera que motivó la intervención, qué decisiones se tomaron durante la gestión del banco y si existieron irregularidades que puedan generar responsabilidades penales.
Las detenciones no representan una condena y las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante el proceso judicial.
Los vínculos empresariales que complican a Santiago Peña
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la relación que existió entre el presidente Santiago Peña y el Grupo Vázquez, vinculado a la propiedad de Ueno Bank.
Peña mantuvo una relación empresarial con ese grupo hasta marzo de 2025. Este antecedente alimentó los cuestionamientos de la oposición sobre posibles conflictos de intereses y sobre los controles que ejercieron los organismos estatales.
También quedó bajo observación el recorrido de Carlos Carvallo, quien había encabezado Ueno antes de asumir la presidencia del Banco Central del Paraguay.
En medio de la crisis, Peña le pidió la renuncia. Carvallo confirmó que la había presentado, aunque permanecería temporalmente para supervisar el procedimiento de resolución de la entidad.
Estos vínculos no demuestran por sí mismos una responsabilidad penal del presidente, pero constituyen uno de los principales ejes de la discusión política.
La oposición impulsa un juicio político contra el presidente
La crisis financiera abrió un nuevo frente para el Gobierno paraguayo. Legisladores opositores anunciaron que promoverán un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Entre los cuestionamientos aparecen el manejo de los fondos públicos depositados en Ueno, la actuación de los organismos de control y los posibles conflictos de intereses relacionados con los vínculos empresariales del mandatario.
El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Para que avance, la acusación necesita reunir una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el Senado debe juzgar el caso y también se requiere una mayoría de dos tercios para una eventual destitución.
El oficialismo conserva una posición mayoritaria en ambas cámaras, por lo que el anuncio opositor no implica que el presidente vaya a ser removido.
Los ahorristas y los fondos previsionales, en el centro de la incertidumbre
Más allá de la disputa política, la principal preocupación para miles de paraguayos es qué sucederá con los depósitos y los recursos comprometidos.
La situación de los fondos vinculados al Instituto de Previsión Social genera especial atención por tratarse de recursos relacionados con las prestaciones y jubilaciones de los trabajadores.
La garantía de depósitos contempla una cobertura de hasta aproximadamente 38.000 dólares por depositante, aunque los mecanismos de devolución y la situación de quienes superan ese límite dependen del procedimiento de resolución y de las condiciones de cada caso.
La Justicia también dispuso medidas de embargo preventivo sobre bienes de directivos y empresas relacionadas con la entidad, con el objetivo de preservar activos mientras avanza la investigación.
Una crisis que pone a prueba los controles del Estado
El caso Ueno Bank abrió interrogantes que van más allá de la situación de una entidad financiera. ¿Cómo se llegó a semejante deterioro de solvencia? ¿Qué controles ejercieron los organismos responsables? ¿Qué ocurrió con los fondos públicos y previsionales? ¿Existieron privilegios o conflictos de intereses?
Son preguntas que deberán encontrar respuestas a través de investigaciones transparentes y documentación verificable.
Paraguay enfrenta ahora dos desafíos simultáneos: resolver las consecuencias financieras de la intervención bancaria y esclarecer las responsabilidades políticas y judiciales que pudieran surgir.
La evolución del caso también pondrá a prueba la independencia de los organismos de control y la capacidad de las instituciones para investigar sin distinciones de poder.
La crisis de Ueno Bank ya dejó de ser un asunto exclusivamente financiero. Se convirtió en un problema de confianza pública que compromete al Gobierno de Santiago Peña y que podría tener consecuencias políticas de largo alcance.
