Intendentes de todo el país llevan al Congreso sus reclamos contra el Gobierno de Milei por los subsidios, los medicamentos y las deudas del PAMI
Jefes comunales de distintas provincias se presentarán este miércoles en la Cámara de Diputados para exigir una distribución más equitativa de los recursos nacionales, la continuidad del Programa Remediar y el pago de las prestaciones médicas adeudadas. Córdoba concentra buena parte del reclamo, con el respaldo de 238 intendentes de diferentes espacios políticos.
La relación entre el Gobierno nacional y los municipios del interior vuelve a quedar bajo tensión. Intendentes de distintas provincias y pertenencias políticas acudirán este miércoles 4 de noviembre al Congreso de la Nación para plantear una serie de reclamos contra las decisiones de la administración de Javier Milei que, según advierten, están comprometiendo la prestación de servicios esenciales en sus localidades.
La convocatoria se realizará a las 12, en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora cordobesa Carolina Basualdo, de Provincias Unidas.
La agenda tendrá tres cuestiones centrales: el reparto de los subsidios al transporte público, la reducción de la cobertura del Programa Remediar y las deudas que el PAMI mantiene con distintos municipios por prestaciones médicas realizadas a sus afiliados.
Subsidios al transporte: el interior vuelve a cuestionar el reparto de los recursos
Uno de los principales motivos de la convocatoria es la decisión del Gobierno nacional de incrementar los subsidios destinados a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La actualización representa una asignación adicional de $38.840 millones para sostener el sistema de transporte metropolitano, mientras las ciudades del interior continúan afrontando con recursos propios buena parte del costo del servicio.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, expuso la desigualdad que denuncian los municipios del interior al señalar que, de cada siete pesos distribuidos en subsidios al transporte, seis se destinan al AMBA y solamente uno se reparte entre el conjunto de las jurisdicciones del interior.
Por su parte, el intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, sostuvo que durante 2026 la Nación destinó 460 millones de dólares al transporte metropolitano, mientras que las provincias del interior no recibieron fondos nacionales equivalentes para sostener sus sistemas urbanos.
Passerini también planteó una alternativa: aseguró que, si el Gobierno eliminara el Impuesto a los Combustibles, podría reducir un 35% el valor del boleto en Córdoba.
El reclamo apunta a que el costo del transporte no termine recayendo exclusivamente sobre los pasajeros, los municipios y las administraciones provinciales.

Programa Remediar: 238 intendentes cordobeses reclaman que no se reduzcan los medicamentos gratuitos
El segundo punto, y posiblemente uno de los de mayor impacto social, es la modificación del Programa Remediar, una política sanitaria nacional que desde 2002 garantiza medicamentos esenciales gratuitos para personas sin cobertura de obra social ni medicina prepaga.
Según los cuestionamientos presentados por intendentes y legisladores, la cobertura del programa pasaría de 126 medicamentos a solamente seis.
La reducción dejaría afuera tratamientos utilizados habitualmente en los centros de atención primaria, entre ellos:
- Metformina, utilizada para tratar la diabetes.
- Antibióticos para infecciones frecuentes.
- Paracetamol e ibuprofeno, para el dolor y la fiebre.
- Enalapril, para la hipertensión arterial.
- Salbutamol, utilizado por pacientes con asma.
- Hierro, para tratar determinados cuadros de anemia.
- Omeprazol, para problemas gástricos.
La preocupación de los municipios es que las personas que hasta ahora recibían estos medicamentos gratuitamente deban comprarlos por su cuenta o recurrir a los dispensarios municipales para conseguirlos.
En Córdoba, el reclamo adquirió una dimensión política e institucional importante: 238 intendentes de diferentes partidos firmaron un petitorio para exigirle al Gobierno nacional que garantice la continuidad del programa y restituya la provisión de medicamentos esenciales.
El documento incorpora cifras que reflejan el retroceso en las entregas. Entre enero y septiembre de 2026, Córdoba recibió un 47% menos de botiquines y un 47,5% menos de tratamientos que durante el mismo período de 2025.
En términos concretos, esto representa 610.291 tratamientos menos.
Los intendentes advierten que los gobiernos municipales y provinciales no pueden convertirse en el mecanismo de compensación de cada recorte nacional. También sostienen que el acceso a un tratamiento médico no debería depender de la capacidad económica del municipio donde vive cada paciente.

PAMI: municipios denuncian más de 13 meses de deuda
El tercer reclamo está relacionado con las prestaciones médicas que distintos municipios realizan a afiliados del PAMI.
El intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, explicó que alrededor de 80 intendentes solicitaron una reunión en Diputados para exponer la situación y reclamar respuestas por las deudas acumuladas.
Según manifestó, existen prestaciones médicas convenidas que llevan más de 13 meses sin ser abonadas por el organismo nacional.
El dirigente señaló que el 22 de abril habían presentado un reclamo formal y que posteriormente recibieron el compromiso de comenzar a regularizar los pagos a partir de junio de 2026. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no recibieron los desembolsos ni una respuesta oficial satisfactoria.
Mientras tanto, los municipios continúan garantizando la atención de los adultos mayores con recursos propios.
La situación plantea otro interrogante sobre las responsabilidades del Estado nacional: ¿hasta dónde pueden los gobiernos locales sostener servicios y prestaciones que dependen de organismos nacionales sin recibir los fondos correspondientes?
Un reclamo que trasciende las diferencias partidarias
La convocatoria tiene una particularidad política: reúne a intendentes de diferentes espacios y provincias que coinciden en cuestionar decisiones del Gobierno nacional.
Entre los referentes que participarán del reclamo aparecen Pablo Javkin, de Rosario, y Daniel Passerini, de Córdoba capital. También se prevé la intervención de representantes de Chubut y Entre Ríos, además de jefes comunales cordobeses.
La presentación en el Congreso busca que los legisladores intervengan y que los reclamos sean incorporados a la discusión sobre la distribución de los recursos nacionales.
No se trata solamente de una discusión entre dirigentes políticos. Detrás de cada uno de estos planteos hay servicios que utilizan diariamente miles de argentinos: colectivos, medicamentos gratuitos y atención médica para jubilados y pensionados.
El impacto en los pueblos del interior de Córdoba
Para localidades pequeñas y medianas, como Canals y otras comunidades del departamento Unión, la discusión tiene una importancia directa.
Los municipios del interior suelen tener presupuestos limitados y deben atender múltiples demandas de sus vecinos. Cuando disminuyen los medicamentos enviados por Nación o se acumulan deudas por prestaciones sanitarias, la presión económica puede trasladarse a las administraciones locales.
Esto puede significar mayores gastos para los dispensarios, dificultades para garantizar tratamientos y una creciente demanda sobre los recursos municipales.
El problema de fondo es cómo se distribuyen las responsabilidades y los recursos entre Nación, provincias y municipios.
Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene una política de reducción del gasto público y búsqueda del equilibrio fiscal, los intendentes advierten que esas decisiones tienen consecuencias concretas en la prestación de servicios básicos.
La discusión que llegará este miércoles al Congreso plantea una pregunta central para el federalismo argentino: ¿pueden los municipios del interior continuar absorbiendo los costos de las decisiones nacionales sin contar con los recursos necesarios para hacerlo?
La respuesta no solamente tendrá consecuencias para los intendentes. También repercutirá en los vecinos que dependen de los servicios públicos y de la asistencia sanitaria de sus localidades.






