El Gobierno de Milei dejó sin efecto la restitución de más de 21.800 pensiones por discapacidad y obliga a iniciar nuevos trámites
La decisión del Ejecutivo nacional afecta a miles de personas que habían recuperado sus prestaciones tras una intervención judicial. Ahora deberán acreditar nuevamente su derecho dentro de un plazo de 60 días desde la notificación. La medida reabre el debate sobre el ajuste fiscal y la protección de los sectores más vulnerables.
El Gobierno de Javier Milei dispuso una nueva medida sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral que afecta a más de 21.800 personas en todo el país. A través de las resoluciones 3695/2026 y 3697/2026, publicadas el 28 y 29 de octubre en el Boletín Oficial, la Secretaría Nacional de Discapacidad dejó sin efecto una restitución anterior de beneficios y estableció un nuevo procedimiento administrativo para solicitar su rehabilitación.
La decisión alcanza específicamente a los titulares incluidos en un anexo oficial, cuyas prestaciones habían sido suspendidas durante las auditorías realizadas principalmente entre junio y agosto de 2025.
Aunque el Gobierno sostiene que las revisiones buscan comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, la medida vuelve a colocar bajo incertidumbre a miles de personas que dependen de estas prestaciones para afrontar sus necesidades cotidianas. Boletín Oficial · DeQuéSeTrata+1
Pensiones que habían sido restituidas por una decisión judicial
El conflicto tiene antecedentes en 2025, cuando las auditorías impulsadas por el Gobierno nacional provocaron suspensiones de pensiones por invalidez laboral.
Ante esa situación, el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca dictó una medida cautelar que inicialmente ordenó restablecer las prestaciones de personas comprendidas en esa provincia. Posteriormente, la protección judicial fue extendida a todo el territorio nacional.
En cumplimiento de aquella resolución, la entonces Agencia Nacional de Discapacidad dispuso la restitución de los beneficios mediante la Resolución 13901/2025.
Sin embargo, el escenario judicial cambió en febrero de 2026, cuando la Cámara Federal de Tucumán revocó la sentencia de primera instancia, según consta en los fundamentos de la nueva normativa.
Ahora, la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto aquella restitución para un grupo determinado de beneficiarios, aunque mantiene la posibilidad de solicitar una nueva evaluación administrativa. Boletín Oficial · DeQuéSeTrata
El ajuste fiscal vuelve a poner a las personas con discapacidad en el centro de la discusión
La decisión se produce en el marco de la política de disciplina fiscal que caracteriza a la administración de Javier Milei.
El Ejecutivo defiende las auditorías como un mecanismo necesario para controlar el otorgamiento de prestaciones y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes cumplen los requisitos.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre investigar posibles irregularidades y establecer procedimientos que pueden dificultar el acceso a ingresos esenciales para personas en situación de vulnerabilidad.
El punto más cuestionable de la medida es que personas cuyos beneficios habían sido restituidos deberán volver a acreditar su derecho para recuperar la prestación.
La presentación de documentación médica actualizada, la renovación de datos personales y los nuevos controles administrativos pueden convertirse en obstáculos importantes para quienes enfrentan dificultades económicas, problemas de movilidad o limitaciones para acceder a herramientas digitales.
El Gobierno tiene facultades para fiscalizar las prestaciones, pero también la responsabilidad de garantizar que esos procedimientos no terminen perjudicando injustamente a quienes necesitan asistencia estatal.
Un plazo de 60 días para reclamar la rehabilitación
La normativa establece que los titulares alcanzados podrán solicitar la rehabilitación dentro de los 60 días corridos posteriores a la notificación oficial.
Para ello deberán aportar, según corresponda, documentación médica actualizada, datos personales o antecedentes que permitan acreditar que continúan reuniendo las condiciones exigidas.
La Resolución 3697/2026 también modificó los lugares habilitados para presentar la documentación. Las oficinas de ANSES fueron reemplazadas como canal presencial por agencias y Unidades de Gestión Local del PAMI que estén expresamente habilitadas.
Las solicitudes también pueden realizarse mediante dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad, la plataforma Trámites a Distancia, el formulario de consultas del Ministerio de Salud o el correo electrónico oficial citacion@senadis.gob.ar.
Es importante aclarar que la presentación del reclamo no implica una restitución automática del beneficio. Cada solicitud deberá ser evaluada por las autoridades competentes. Boletín Oficial · DeQuéSeTrata+1
¿Qué consecuencias puede tener esta decisión para las familias?
Las pensiones no contributivas por invalidez laboral constituyen una fuente de ingresos para personas que cumplen condiciones legales vinculadas con su capacidad laboral y situación económica.
Por eso, una suspensión o una demora prolongada en su rehabilitación puede afectar gastos esenciales como alimentación, medicamentos, transporte, tratamientos médicos y servicios básicos.
También puede incrementar la dependencia económica respecto de familiares que, en muchos casos, ya enfrentan dificultades para sostener sus propios hogares.
Desde una perspectiva social, el problema no se limita al costo presupuestario de las prestaciones. También involucra el impacto que su interrupción puede provocar sobre la calidad de vida y la autonomía económica de las personas afectadas.
Hasta el momento, no se dispone de información pública suficiente para establecer cuántos de los titulares alcanzados permanecen efectivamente sin cobrar ni cuánto tiempo podría demandar la resolución de los nuevos trámites.
Córdoba y la región: la preocupación por quienes dependen de estas prestaciones
La medida tiene alcance nacional y también podría afectar a beneficiarios de Córdoba, incluidos habitantes de Canals, La Carlota, Arias, Alejo Ledesma, Santa Eufemia y otras localidades del sudeste provincial.
En comunidades pequeñas, las dificultades para trasladarse hasta una oficina habilitada, conseguir documentación médica o realizar trámites digitales pueden representar barreras adicionales.
Por el momento, no se conoce un desglose oficial que permita determinar cuántos beneficiarios de Canals o del departamento Unión figuran en el listado de prestaciones alcanzadas.
Ese dato será fundamental para conocer el verdadero impacto territorial de la decisión y establecer si las autoridades locales deberán intervenir para facilitar la realización de los trámites.
Una discusión que va más allá de los números
El Gobierno nacional presenta el equilibrio fiscal y el control del gasto público como pilares de su programa económico.
Pero la revisión de las pensiones por invalidez vuelve a plantear una discusión de fondo: hasta dónde puede avanzar el Estado en sus mecanismos de control sin comprometer la protección de quienes dependen de prestaciones sociales.
La transparencia en la administración de los recursos públicos es necesaria. También lo es evitar pagos indebidos y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
Sin embargo, la eficiencia del Estado no debería medirse únicamente por la reducción del gasto, sino también por su capacidad de proteger derechos y garantizar procedimientos accesibles y justos.
La decisión del Gobierno de Milei deja, por lo tanto, interrogantes que deberán responderse con información concreta: cuántas pensiones serán finalmente rehabilitadas, cuánto demorarán los procedimientos y qué mecanismos existirán para evitar que personas que reúnen los requisitos queden sin ingresos por dificultades administrativas.
Mientras esas respuestas no estén disponibles, miles de beneficiarios deberán afrontar una nueva instancia de revisión de prestaciones que, para muchos, representan una ayuda económica fundamental.
