Canals: el Concejo aprobó un programa de acceso a la vivienda para personas con discapacidad y debatió obras públicas
El Honorable Concejo Deliberante de Canals aprobó por unanimidad la creación de un programa municipal de acceso a la vivienda para personas con discapacidad. Además, trató proyectos de pavimentación con adoquines, una obra de cloacas y la contratación de una presentación musical para el Festival de Verano, que generó diferencias por su costo.
Viviendas inclusivas: una medida para facilitar el acceso a la casa propia
Uno de los temas centrales de la sesión del Honorable Concejo Deliberante de Canals, realizada el jueves 8 de octubre, fue la creación del Programa Municipal de Acceso a la Vivienda para Personas con Discapacidad.
La iniciativa presentada por la minoría fue aprobada por unanimidad y busca brindar soluciones habitacionales a personas con discapacidad que no cuentan con una vivienda propia, promoviendo su autonomía y una mayor inclusión social.
Entre los requisitos establecidos figuran contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, acreditar al menos tres años de residencia en Canals y demostrar que el solicitante y su grupo familiar conviviente no poseen inmuebles.
El cupo para personas con discapacidad se fijó en el 5%
Durante el debate, los concejales analizaron el porcentaje de viviendas que se reservará para este programa dentro de los planes habitacionales municipales.
El proyecto original contemplaba un cupo no inferior al 10% de las viviendas. Sin embargo, tras una moción presentada por el concejal Noello, durante la sesión, el porcentaje se redujo al 5%.
También se mantuvo la disposición de garantizar al menos una vivienda adaptada en los planes de construcción de menos de diez unidades habitacionales.
Las viviendas deberán contemplar las necesidades específicas de sus adjudicatarios, con adaptaciones vinculadas a la movilidad, la accesibilidad visual o auditiva y otras condiciones relacionadas con la discapacidad.
Además, se estableció que las cuotas de amortización deberán guardar relación con los ingresos familiares, con un límite máximo del 20% de los ingresos totales.
Pavimentación con adoquines: dos calles incluidas en los proyectos
Otro de los puntos abordados fue el tratamiento en primera lectura de dos proyectos de pavimentación con adoquines.
El primero corresponde a la calle Bartolomé Mitre, entre La Pampa y Chubut. El segundo contempla la calle Lavalle, entre San Luis y Fortín Loboy.
Para ambas obras se estableció un valor de referencia de $45.000 por metro cuadrado. En el caso de Lavalle, los frentistas que participen en la ejecución de los trabajos mediante la modalidad de autoconstrucción abonarán $20.000 por metro cuadrado.
Los propietarios podrán expresar su oposición fundamentada a las obras entre el 9 y el 22 de octubre de 2026, en la Secretaría del Concejo Deliberante, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal. Los proyectos también contemplan alternativas de pago al contado, con un descuento del 10%, o mediante financiación.
Cloacas en calle Oncativo: se debatieron los costos de la obra
El Concejo también trató en primera lectura el proyecto para ejecutar y financiar una extensión de la red de desagües cloacales en calle Oncativo, entre el doctor Barruti y Malvinas.
La iniciativa establece una unidad tributaria de $2.226.642,80 y contempla distintas modalidades de pago para los frentistas beneficiados.
Los propietarios podrán optar por el pago al contado, con un descuento del 10%, o financiar el importe en hasta seis cuotas sin interés. Para los planes de siete a 48 cuotas se prevé un interés anual del 30%.
Durante el tratamiento, algunos concejales plantearon dudas sobre el cálculo del costo y la cantidad de unidades tributarias consideradas. También se señaló que uno de los lotes ya cuenta con conexión cloacal por otra calle, circunstancia que explica que el cálculo inicial se haya realizado sobre 14 unidades tributarias.
El debate incluyó observaciones sobre la planificación de obras anteriores y la necesidad de evitar costos adicionales para los vecinos.
Polémica por el costo de una contratación musical
Otro de los asuntos que generó diferencias fue la autorización para contratar directamente a la Cooperativa de Trabajo Delio Valdez Limitada para una presentación artística en el Festival de Verano.
Durante la sesión se mencionó un importe de $70 millones, con un costo total de $84,7 millones al incluir los conceptos adicionales señalados en el debate.
La concejal Carabelli manifestó su rechazo al considerar que esos recursos podrían destinarse a mejorar los salarios de los empleados municipales o reforzar la partida para medicamentos. El edil Morais se abstuvo por considerar que no contaba con información suficiente para acompañar la iniciativa.
Pese a las objeciones, el proyecto fue aprobado por mayoría, con votos negativos y una abstención.
Cruces políticos durante el debate
La discusión sobre el acceso a la vivienda para personas con discapacidad también derivó en un intercambio político entre el intendente Edgar Bruno y representantes de la oposición.
Las intervenciones también dejaron al descubierto profundas diferencias sobre el papel que debe cumplir el Estado en la protección de los sectores más vulnerables, particularmente de las personas con discapacidad. En ese marco, Edgar Bruno vinculó el debate local con las decisiones impulsadas por el gobierno de Javier Milei y cuestionó la falta de coherencia entre los discursos políticos, las responsabilidades institucionales y las medidas que se defienden en los distintos niveles del Estado.
La discusión puso sobre la mesa una problemática que va mucho más allá de las diferencias partidarias: los derechos, la dignidad y la calidad de vida de miles de personas que necesitan acompañamiento, prestaciones de salud, tratamientos, transporte accesible y asistencia para desenvolverse en la vida cotidiana. En este escenario, las políticas de ajuste promovidas por el Gobierno nacional merecen un cuestionamiento firme cuando sus consecuencias recaen sobre quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Reducir el gasto público no puede convertirse en una excusa para debilitar los mecanismos de protección social ni para trasladar a las familias responsabilidades que deberían contar con una respuesta adecuada del Estado. Detrás de cada prestación, cada tratamiento y cada pensión hay personas con necesidades concretas, familias que hacen enormes esfuerzos económicos y afectivos, y trabajadores de la salud y de la educación que sostienen, muchas veces con recursos insuficientes, una red de atención indispensable.
Las políticas de ajuste adquieren una dimensión especialmente preocupante cuando afectan a quienes no siempre tienen la posibilidad de reclamar por sus propios medios o de afrontar con recursos particulares los costos de una cobertura adecuada. Para una persona con discapacidad, la interrupción de un tratamiento, las dificultades para acceder a una prestación o la pérdida de capacidad adquisitiva de una ayuda económica no representan una simple cifra en una planilla presupuestaria: pueden significar un retroceso en su autonomía, su salud y sus posibilidades de inclusión.
Por eso, el debate exige una mirada que supere la discusión sobre cuánto debe gastar el Estado y se concentre también en qué derechos se garantizan, a quiénes se protege y quiénes terminan pagando las consecuencias de las decisiones económicas. La eficiencia en la administración de los recursos públicos es necesaria, pero no puede medirse únicamente por la reducción de partidas presupuestarias si el costo social termina recayendo sobre las personas que más necesitan acompañamiento.
Bruno también planteó la necesidad de mantener coherencia entre las propuestas que se defienden en el ámbito municipal y las posiciones políticas sostenidas en el plano nacional. La cuestión resulta central porque los gobiernos locales suelen encontrarse en la primera línea de respuesta ante las demandas de sus vecinos, aunque no siempre dispongan de los recursos ni de las competencias necesarias para resolver problemas que requieren políticas nacionales sostenidas.
En ese sentido, no alcanza con reconocer las dificultades de las personas con discapacidad en el discurso si, al mismo tiempo, se respaldan decisiones que pueden debilitar su protección social. La discusión política debe traducirse en compromisos concretos, recursos suficientes y medidas que garanticen el acceso efectivo a los derechos, independientemente de la situación económica o de la capacidad de pago de cada familia.
La responsabilidad de un gobierno no se demuestra solamente con sus resultados fiscales, sino también con la manera en que trata a quienes necesitan mayor protección. Una sociedad verdaderamente justa no puede aceptar que las personas con discapacidad sean consideradas una variable de ajuste ni que sus necesidades queden subordinadas a una disputa ideológica.
En definitiva, el debate sobre discapacidad interpela tanto al Gobierno nacional como a las autoridades provinciales y municipales. Frente a las consecuencias sociales de las políticas de ajuste, la exigencia debe ser clara: el equilibrio de las cuentas públicas no puede construirse a costa de la dignidad humana, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. La discusión no debería limitarse a cuánto cuesta garantizar esos derechos, sino también a qué costo humano tendría dejar de hacerlo.
Finalmente, el programa habitacional obtuvo aprobación unánime, con las modificaciones incorporadas durante el debate.
Una sesión con decisiones sobre vivienda, infraestructura y gastos municipales
La sesión del 8 de octubre dejó como principales resultados la aprobación del programa de viviendas para personas con discapacidad y el avance de proyectos vinculados con la pavimentación y la extensión de la red cloacal.
Al mismo tiempo, el tratamiento de la contratación artística evidenció diferencias entre los concejales respecto de las prioridades del gasto público.
Los proyectos de obras públicas fueron tratados en primera lectura, por lo que deberán continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de su eventual aprobación definitiva.
