Inspección General de Justicia declara “ineficaz e irregular” al fideicomiso de Maratea
La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un dictamen en el cual declaró “ineficaz e irregular” la inscripción del fideicomiso creado por el influencer Santi Maratea con el propósito de pagar la deuda del Club Atlético Independiente. La IGJ ha solicitado una acción legal de carácter urgente para nombrar a un interventor, debido a las irregularidades encontradas en el proceso.
Cuestionamientos por la radicación del fideicomiso en Neuquén
Uno de los aspectos que generó sospechas en torno al fideicomiso fue su radicación en la provincia de Neuquén. Dado que Independiente tiene su sede en la provincia de Buenos Aires y Maratea tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, la inscripción del fideicomiso en el Registro Público del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén no se ajusta a los requisitos establecidos por el reglamento de la IGJ. Según este, solo pueden registrarse fideicomisos celebrados en el mismo distrito o cuyos bienes estén allí, o cuando las personas que lo integren tengan domicilio en esa provincia.
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La IGJ también señaló que el influencer constituyó un “domicilio especial” en Neuquén para la creación del fideicomiso, sin hacer mención a su domicilio real. Además, se destacó que el contrato no fue registrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni la Unidad de Información Financiera (UIF), lo cual genera mayores interrogantes sobre su legalidad y transparencia.
Cuestionamiento a los términos y a Mercado Pago
La IGJ hizo hincapié en la “exorbitante” suma estipulada para los “gastos y honorarios” del fideicomiso, así como en el hecho de que Mercado Pago, utilizado para la recaudación de fondos, sea considerado solo un “proveedor de pago” y no una entidad financiera.
Finalmente, la IGJ resaltó la “significativa y harto relevante omisión” relacionada con la figura legal del “pago con subrogación”. En este sentido, se destaca que quien abonaría las deudas del Club Atlético Independiente no sería el deudor directo y originario, sino un tercero en el marco de un fideicomiso que ni siquiera está válidamente inscripto. Esta situación configura una clara tentativa de fraude a la ley. La IGJ enfatizó su deber de velar por los intereses de Independiente, una entidad civil de gran importancia social, y de proteger la buena fe de sus miles de socios, hinchas y adherentes frente a cualquier acción fraudulenta.
Con este dictamen de la Inspección General de Justicia, se espera que se tomen las medidas legales necesarias para garantizar la transparencia y legalidad en el proceso de pago de la deuda de Independiente.
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