Paro en la UNRC: trabajadores profundizan el conflicto con Milei por salarios y presupuesto universitario
Los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto realizarán jornadas de paro este martes 3 y el jueves 5 de noviembre. El reclamo apunta a la recomposición salarial y al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se profundiza en medio de la disputa judicial con el Gobierno nacional y de las advertencias por el presupuesto educativo de 2027.
Un conflicto que vuelve a paralizar las universidades
La política de ajuste del Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la discusión por el financiamiento de la educación pública. Esta vez, el conflicto tiene una expresión concreta en el sur de Córdoba: los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) comenzaron este martes 3 de noviembre una nueva jornada de paro y repetirán la medida el jueves 5.
La decisión fue impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC), que reclama una recomposición salarial urgente y la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
Según el cronograma difundido por el gremio, las medidas de fuerza continuarán durante noviembre, con nuevas jornadas previstas para los días 12, 16, 17 y 27.
La protesta no es un hecho aislado. Forma parte de un conflicto nacional que enfrenta a los trabajadores universitarios, los rectores y las organizaciones sindicales con la administración de Milei por los recursos destinados al sostenimiento de las universidades públicas. CBAHoy+2
¿Qué reclama el personal universitario?
El reclamo tiene dos componentes centrales: salarios y financiamiento.
Por un lado, los trabajadores sostienen que sus ingresos perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y que los aumentos otorgados no alcanzaron para recuperar lo perdido.
Por otro, exigen que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de actualización salarial para docentes y nodocentes, además de la recomposición de las becas estudiantiles.
La norma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de ese año. El presidente Milei había vetado la iniciativa, pero ambas cámaras legislativas insistieron con su aprobación mediante mayorías de dos tercios.
Entre sus disposiciones principales, la ley establece:
- Actualización de los salarios universitarios tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
- Actualizaciones salariales posteriores que no sean inferiores a la inflación.
- Recomposición de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otros programas.
- Recursos para sostener el funcionamiento y desarrollo de las universidades públicas.
- Financiamiento para investigación científica y formación de investigadores.
Por lo tanto, la discusión no se limita a una negociación salarial: también involucra el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso nacional. Argentina.gob.ar
La disputa judicial: el Gobierno y una ley que todavía genera controversia
Uno de los aspectos más importantes del conflicto es la resistencia del Poder Ejecutivo a implementar plenamente la ley.
El Gobierno había utilizado el Decreto 759/2025 para condicionar su aplicación a la identificación de las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue cuestionada judicialmente por el sistema universitario.
El 6 de octubre de 2026, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el mecanismo utilizado para frenar la ejecución de la norma y ordenó cumplir con las disposiciones relativas a salarios y becas.
Sin embargo, el Gobierno apeló. El 9 de octubre se informó que la apelación tenía efecto suspensivo sobre aquella sentencia de fondo, pero no eliminaba la medida cautelar que ordenaba actualizar salarios y becas.
El 20 de octubre, la Cámara habilitó nuevas apelaciones del Ejecutivo, por lo que la discusión judicial continuó abierta. LA NACION+2
El argumento oficial gira alrededor del impacto presupuestario y de la necesidad de establecer cómo financiar las obligaciones previstas por la ley.
La objeción de los sectores universitarios es que el Poder Ejecutivo no puede utilizar las restricciones presupuestarias como fundamento para desconocer una ley sancionada por el Congreso.
El punto político central: el Gobierno defiende el equilibrio fiscal como prioridad de su programa económico, pero el conflicto plantea hasta dónde puede llegar ese objetivo cuando existen obligaciones legales y judiciales relacionadas con salarios, educación y financiamiento público.
Río Cuarto: un conflicto que también repercute en el sudeste cordobés
La situación de la UNRC tiene especial importancia para el sur y sudeste de Córdoba. La universidad recibe estudiantes de numerosas localidades del interior provincial y constituye un espacio de formación profesional, investigación y desarrollo científico.
Para localidades de la región, el conflicto puede tener consecuencias sobre estudiantes que se trasladan a Río Cuarto, trabajadores universitarios y familias que dependen de la continuidad de las actividades académicas.
Las jornadas de paro nodocente pueden afectar:
- Trámites administrativos y atención al público.
- Actividades de mantenimiento y servicios generales.
- Funcionamiento de dependencias universitarias.
- Actividades de investigación y apoyo técnico.
- Servicios vinculados con la vida cotidiana de los estudiantes.
Es importante aclarar que un paro nodocente no implica necesariamente la suspensión de todas las clases: eso depende de la adhesión de los docentes y de las condiciones de funcionamiento de cada facultad.
Presupuesto 2027: otra señal de preocupación
La discusión también se proyecta sobre el presupuesto universitario del próximo año.
Según informó Página/12 el 2 de noviembre, el proyecto presupuestario del Gobierno contempla alrededor de $7 billones para las universidades nacionales, mientras que desde el Consejo Interuniversitario Nacional se considera que el sistema necesitaría al menos $11 billones para garantizar su funcionamiento.
Fuente: Página/12, 2 de noviembre de 2026. Las cifras corresponden a estimaciones atribuidas a las partes y no deben confundirse con una ejecución presupuestaria ya realizada. Página|12
La diferencia entre ambas cifras es significativa y anticipa una nueva disputa entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias.
El interrogante es qué ocurrirá con los salarios, las becas, el mantenimiento edilicio, las investigaciones y las actividades académicas si el presupuesto finalmente aprobado no alcanza para cubrir las necesidades del sistema.
Desde la perspectiva del interior provincial, un debilitamiento de las universidades públicas también puede significar menos oportunidades de formación profesional y mayores dificultades para que los jóvenes puedan estudiar sin trasladarse a los grandes centros urbanos o afrontar costos adicionales.
La posición del Gobierno: equilibrio fiscal frente a las obligaciones educativas
La administración de Milei sostiene que el gasto público debe mantenerse dentro de las posibilidades fiscales del Estado y que cualquier incremento presupuestario necesita financiamiento.
Ese argumento forma parte de la política económica general del Gobierno, que considera el equilibrio fiscal una condición indispensable para reducir la inflación y estabilizar la economía.
Sin embargo, el problema es que el financiamiento universitario no constituye solamente una decisión discrecional del Ejecutivo: existe una ley aprobada por el Congreso y una controversia judicial sobre su cumplimiento.
El debate, entonces, debería contemplar ambas dimensiones: la sostenibilidad de las cuentas públicas y la obligación estatal de garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas.
Un ajuste que no contemple las consecuencias sobre los salarios, las becas y los servicios universitarios puede terminar trasladando sus costos a trabajadores, estudiantes y familias.
Qué puede pasar durante noviembre
El conflicto todavía está lejos de resolverse.
ATURC anunció que continuará con su plan de lucha y que buscará involucrar a los representantes de Córdoba en el Congreso para que incorporen los recursos universitarios en el Presupuesto 2027.
Además de las jornadas de paro, el gremio resolvió acompañar la Marcha sobre Salud Mental prevista para el 5 de noviembre y realizar actividades de visibilización de la problemática universitaria.
La continuidad de las medidas dependerá de las respuestas del Gobierno y de la evolución de las negociaciones salariales y judiciales. CBAHoy+1
El costo del ajuste no puede medirse solamente en números
El Gobierno de Javier Milei presenta el equilibrio fiscal como uno de los principales logros de su administración. Sin embargo, el conflicto universitario vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la reducción del gasto público compromete el funcionamiento de instituciones esenciales?
Las universidades públicas no son únicamente edificios, aulas y salarios. Son espacios de movilidad social, formación de profesionales, investigación científica y desarrollo regional.
En localidades como Canals, donde muchos jóvenes deben trasladarse para acceder a estudios superiores, la universidad pública representa una oportunidad concreta de progreso.
La discusión presupuestaria tampoco debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden el gasto y quienes defienden el ahorro. Lo que está en juego es qué modelo de país se pretende construir y qué lugar ocupa la educación superior en ese proyecto.
El equilibrio fiscal puede ser una herramienta económica, pero no debería convertirse en una justificación automática para desatender obligaciones legales ni deteriorar el sistema educativo.
