La inversión realizada por Gobierno nacional para paliar los efectos de la crisis originada por el coronavirus, que el presidente Alberto Fernández estimó en casi dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) de US$ 350.000 millones, incluye hasta hoy distintas medidas económicas.
Con el objetivo de contribuir al bienestar de los sectores cuyos ingresos tendrán una severa discontinuidad durante el período de cuarentena, dispuso la creación del Ingreso Familiar de Emergencia.
Se trata de un pago excepcional de $10.000 durante abril para las personas que se encuentren desocupadas, se desempeñen en la economía informal, sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”, monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares.
Además, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno resolvió que las empresas prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e internet y televisión por cable, no podrán suspenderlos por falta de pago -hasta 3 facturas consecutivas o alternas-.
La medida regirá por 180 días y comprende a usuarios titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados, a quienes perciben seguro de desempleo, a usuarios electrodependientes, MiPyMES, Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Inaes, instituciones de salud, públicas y privadas, y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos, entre otros.
Asimismo, el Gobierno suspendió hasta el 30 de abril inclusive la aplicación de multas y la obligación de proceder al cierre e inhabilitación de cuentas bancarias con motivo del rechazo de cheques por falta de fondos.
Y la obligación de que las instituciones crediticias requieran a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones.
Para garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios durante la emergencia sanitaria, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso que desde el 20 de marzo y por 30 días, los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el precio que tenían al 6 de marzo pasado.
Entre las medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento, se eximió de las cargas patronales a los sectores afectados por la pandemia, ampliar el programa Repro, reforzar el seguro de desempleo e incrementar el presupuesto destinado a la obra pública.
Y se anunció el relanzamiento del programa Procrear, la inversión en la producción y abastecimiento de alimentos e insumos básicos a través de líneas de crédito, y la renovación del programa Ahora 12, entre otras iniciativas.
Asimismo, se estableció un incremento en las partidas para asistir a comedores escolares, comunitarios y merenderos y se modificó temporalmente la distribución de la Tarjeta Alimentar para garantizar que el dinero llegue a las familias.
Por otra parte, se dispuso que los titulares de planes sociales reciban un plus y se otorgue un bono extraordinario que alcanzará a más de nueve millones de jubilados, pensionados, titulares de la AUH y AUE.
En tanto, la Anses extendió a sus afiliados el período de gracia para el pago de cuotas de créditos durante abril y mayo
