La decisión del Concejo Deliberante marcó un precedente en la aplicación de sanciones a funcionarios por irregularidades en el desempeño de sus funciones.
El caso: una orden de pago y su destino incierto
El Concejo Deliberante de Canals permitió por mayoría la suspensión de una sesión a la tribuna de cuentas Derencia, tras un incidente controvertido. Según lo informado a este medio, la funcionaria retiró una orden de pago de manera indebida y la llevó a su domicilio, justificando el hecho como un “error”. Sin embargo, en su descargo admitió haber detectado irregularidades en el documento, lo que levantó sospechas sobre sus intenciones.
Derencia señaló que la orden de pago presentaba una diferencia del 20% en la facturación de un contrato concluido, cuyo destino calificó como “incierto”. Este reconocimiento fue interpretado como una señal de que el documento fue retirado intencionalmente para revisarlo fuera de los canales institucionales correspondientes.
Acción del Concejo y fundamentos legales
El Concejo Deliberante, al analizar el caso, concluyó que la conducta de la funcionaria constituía un “desorden de conducta” según el artículo 25 de la Ley 8102. Esta normativa permite al cuerpo deliberativo aplicar correcciones como llamados al orden, multas, suspensiones o exclusión. , dependiendo de la gravedad de la falta.
En este caso, se optará por una suspensión de una sesión, considerando que la remoción, prevista en el artículo 81, está reservada por faltas de extrema gravedad. Esta decisión busca establecer un precedente correctivo que desaliente acciones similares en el futuro, promoviendo el orden y la convivencia política entre los miembros del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante.
El propósito de la sanción: corregir y prevenir
Desde el punto de vista jurídico, el artículo 25 de la Ley 8102 es interpretado como una herramienta flexible, orientada a corregir conductas inapropiadas sin necesidad de recurrir a extremos como la remoción. Este enfoque busca mantener la armonía en las instituciones locales y garantizar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de las faltas cometidas.
En el caso de Derencia, el desorden generado por no comunicar el incidente al presidente del Tribunal de Cuentas y devolver el documento directamente a una empleada municipal, además de las supuestas irregularidades detectadas en la orden de pago, motivaron la medida correctiva.
Un llamado a la transparencia y la responsabilidad institucional
La suspensión de una sesión a la tribuna de cuentas Derencia es una señal clara de “que las irregularidades en el manejo de documentación pública no serán toleradas” manifestaron desde el poder legislativo local. Con este fallo, el Concejo Deliberante de Canals reafirma su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la normativa y la convivencia institucional.
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