El Gobierno cerró tres organismos clave en materia de infraestructura y seguridad vial. Las funciones pasarán a manos de Gendarmería, provincias y el sector privado. Crecen las críticas por riesgo de accidentes y despidos masivos.
Fin de una era: Milei oficializó el cierre de Vialidad Nacional y organismos viales
En una decisión histórica, el presidente Javier Milei ordenó la disolución definitiva de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial.
El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia realizada este lunes 7 de julio de 2025. La medida, que será publicada en el Boletín Oficial el martes 8 de julio, forma parte del plan de recorte estatal impulsado por el Gobierno nacional.
¿Quién se hará cargo de las rutas y el control del tránsito?
Según informó la Casa Rosada, las funciones de mantenimiento y obras en rutas nacionales serán absorbidas por el Ministerio de Economía, organismos provinciales o mediante concesiones al sector privado.
En tanto, las tareas de control de tránsito, prevención de accidentes y fiscalización pasarán a la órbita de la Gendarmería Nacional y una nueva dependencia: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que tendrá carácter autárquico.
De esta manera, desaparecen tres organismos que hasta ahora tenían competencia directa en la planificación, construcción, mantenimiento y control de rutas y autopistas en todo el país.
Fuerte rechazo sindical y temor a un colapso vial
La medida provocó una ola de repudios por parte de gremios, gobiernos provinciales y organizaciones vinculadas a la seguridad vial. Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional denunciaron que esta decisión significa “destruir décadas de experiencia y capacidad técnica” en el mantenimiento de rutas.
Provincias como Neuquén, Santa Fe, Río Negro y Mendoza también manifestaron su preocupación, al advertir que la falta de presencia estatal en rutas podría provocar un aumento en la cantidad de accidentes, además de dejar miles de trabajadores sin empleo.
Mientras tanto, organizaciones civiles alertaron sobre la posibilidad de que esta desregulación impacte directamente en la seguridad de millones de personas que circulan a diario por las rutas nacionales.
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