La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció medidas drásticas para disuadir la protesta social en el país publicadas hoy en el Boletín Oficial.
En un intento por controlar la recurrencia de piquetes y protestas que interrumpen el tránsito en Argentina, el Gobierno oficializó el viernes un polémico protocolo de Orden Público, presentado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La medida, expresada a través de la Resolución 943/2023, busca abordar la “situación insoportable” que experimenta la población debido a la interrupción de rutas y vías transitables.
El texto oficial argumenta que la intensidad y frecuencia de los bloqueos han afectado negativamente la calidad de vida de la población y el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. Se menciona la quema de neumáticos y otras sustancias contaminantes como formas de interrupción, justificando la necesidad de intervención.
Advertencia de consecuencias por cortes
En una declaración previa, Patricia Bullrich advirtió que “si se toma la calle va a haber consecuencias”. El protocolo incluye la identificación de los responsables de cortes, aplicación de leyes con penas de prisión y el cobro de gastos a organizaciones que violen la normativa.
El protocolo presenta cinco puntos clave, siendo el primero la eliminación de vías alternativas durante los cortes, priorizando la liberación de la vía principal. Bullrich enfatiza el propósito de cumplir la ley y proteger a las fuerzas federales en su accionar.
Intervención de fuerzas federales: Se destaca la participación de las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal en enfrentamientos a cortes y bloqueos. La intervención podrá ser sin orden judicial en casos de delito flagrante, según el artículo 194 del Código Penal.
Registro de organizaciones: El protocolo contempla la creación de un registro de organizaciones involucradas en cortes y bloqueos, identificando a los autores, cómplices e instigadores de los delitos. Bullrich asegura que se empleará la “mínima fuerza necesaria y suficiente”.
Sanciones y protección de menores: Se anuncia la sanción a aquellos que lleven niños y adolescentes a manifestaciones, con aviso a la autoridad competente. Además, se enfatiza la protección del medio ambiente y la notificación al juez en casos de daño ambiental.
Costos de operativos de seguridad: Bullrich subraya que las organizaciones responsables de cortes de calles serán facturadas por los costos de los operativos de seguridad. Se advierte que el Estado no asumirá estos gastos, y en caso de extranjeros, se enviará la información a Migraciones.
Este protocolo ha generado controversia y diversas reacciones en la sociedad argentina, con opiniones divididas sobre la necesidad de medidas tan drásticas para abordar los bloqueos y piquetes.
