Uruguay registró ayer 35 muertes por coronavirus, un récord diario con el cual superó los 1.000 fallecimientos desde que comenzó la pandemia, en medio de una escalada de contagios que amenaza con colapsar su sistema de salud, indicaron hoy medios locales.
El país de 3,5 millones de habitantes alcanzó los 1.009 fallecidos y totaliza 108.188 casos desde que se declaró la emergencia sanitaria, en marzo de 2020.
Más del 80% de esas 1.009 muertes se produjeron en 2021, marcando un momento crítico de la pandemia que el año pasado parecía bajo control.
Esta semana se superaron además los 100.000 contagios, de los cuales casi el 60% ocurrieron en los últimos 90 días.
El aumento sostenido de contagios está poniendo en riesgo la atención en hospitales públicos y privados de todo el país, donde ya un 42% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con coronavirus.
De acuerdo al reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, hasta este jueves hay un 70% de ocupación total de las unidades de tratamiento intensivo.
El país vive su peor momento sanitario, pero el presidente Luis Lacalle Pou se mostró reticente a endurecer las medidas existentes para restringir la movilidad, argumentando que su Gobierno no cree en “un Estado policíaco”, informó la agencia de noticias AFP.
La administración se muestra además confiada en el programa de vacunación.
Casi el 20% de la población ya fue inoculada con la primera o segunda dosis de CoronaVac o Pfizer desde que comenzó la campaña de inmunización el 1 de marzo.
En este marco, la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza del Uruguay cuestionó hoy el manejo de la pandemia que está haciendo el Gobierno de Luis Lacalle Pou así como el retorno a la presencialidad de las clases y reclamó la instauración de un espacio de diálogo para abordar el tema.
“Se han establecido por parte de los jerarcas de la educación una serie de definiciones que evidencian improvisación y que afectan el derecho a la educación; urge la convocatoria e instalación de ámbitos de diálogo”, dice el comunicado emitido por los sindicatos educativos.
Entre las medidas “improvisadas”, el texto destaca la obligatoriedad inicial de asistir a clase a partir del 1° de marzo pasado, medida que posteriormente fue suspendida, primero hasta el 4 y posteriormente hasta el 9 de abril, incorporando “la obligatoriedad de participar de la virtualidad sin garantizar las condiciones que lo posibiliten y no contradigan el principio de gratuidad”.
