Quién es y de qué se encontró culpable a Santiago Goodman

La inminente definición de la pena de cárcel que puede caberle al ex dirigente del gremio docente generó una medida de fuerza en todo el país.

La figura de Santiago Goodman aparece por estas horas en medios gráficos, radiales, televisivos y portales web de todo el país: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este miércoles a un paro nacional en apoyo a su figura y en repudio al fallo que lo encontró culpable de prender fuego la Legislatura de Chubut.

La repercusión del caso merece este análisis de la noticia desde ADNSUR en dos aspectos centrales: en primer lugar, contar quién es Santiago Goodman, y cuál es su historia; en segundo lugar, explicar de qué se lo encontró culpable y por qué este miércoles será un día importante, en una causa que para la dirigencia gremial docente consiste en la “criminalización de la protesta social”.

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Lo primero para contar: Santiago Goodman es un docente de 47 años, quien nació en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y hace más de 20 años llegó a Chubut. Comenzó trabajando en una escuela de una pequeña localidad del sudoeste, José de San Martín, para finalmente conseguir el traslado y afincarse en Rawson, allá por 2005.

Integró la conducción del gremio de la Atech (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) durante 14 años: primero fue secretario gremial de 2007 a 2009, luego secretario adjunto de 2009 a 2013, y finalmente en 2014 fue electo secretario general -máximo cargo del sindicato- lugar en el que estuvo por 7 años, hasta fines de 2021.

Siempre combativo, aunque con un perfil más beligerante desde el regreso de Mario Das Neves a la gobernación en diciembre de 2015, la presencia de Goodman comenzó a hacerse mucho más visible durante la gestión de Mariano Arcioni en 2018. Fue uno de los líderes gremiales que encabezó el Frente de Gremios Estatales que instaló el acampe en la Peatonal Fontana frente a Casa de Gobierno durante varios meses, en reclamo de un aumento salarial, con larguísimas semanas de días sin clases por medidas de fuerza.

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Luego, cuando el gobierno se vio obligado a retornar el pago escalonado a fines de 2019, Goodman fue protagonista de dos episodios muy fuertes: el primero fue en septiembre, que devino en los incendios por los que fue juzgado (lo desarrollaremos a continuación); el otro fue en noviembre, y también fue noticia nacional, luego de ser detenido por la policía en una marcha docente en Casa de Gobierno con incidentes, ya que se derribó una valla y hubo gases lacrimógenos.

Su detención, ordenada por el entonces jefe policial Miguel Gómez, le costó la salida del gabinete a quien era ministro coordinador, Federico Massoni. Las imágenes de Goodman esposado, tomadas en vivo por ADNSUR, dieron la vuelta al país, y trascendió que hasta el mismo Sergio Massa debió llamar al gobernador Arcioni para pedirle la cabeza del funcionario y descomprimir la situación.

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Desde esta agencia también hemos publicado otros aspectos de la personalidad de Goodman, quien posee el cargo de bibliotecario. En alguna oportunidad dimos cuenta de su perfil artístico y sus dotes de intérprete musical. De voz alta, casi gritón, con su barba rubia, nunca pasó desapercibido en la última década de luchas sindicales en Chubut.

Goodman ha participado de varios cortes de ruta e incluso fue parte de dos hechos recordados: pasó toda una noche en un albergue con funcionarios “retenidos” que no pudieron salir, y en otra ocasión, junto a otros dirigentes estatales, pasó la noche en un salón de Casa de Gobierno esperando a ser recibido por algún funcionario. Ahora corre el riesgo de tener que cumplir años de cárcel, aunque aún quedan varias instancias de apelación.

LA CAUSA

Santiago Goodman fue encontrado culpable por el delito de incendio intencional, según el veredicto leído por la jueza María Tolomei la semana pasada. Los hechos que se ventilaron en el juicio oral que se desarrolló a lo largo del mes de julio, ocurrieron en la noche del 17 al 18 de septiembre de 2019 en Rawson.

Eran días de acampe docente, paro y movilización, en reclamo a un gobierno que había otorgado un aumento salarial extraordinario en abril, incluyendo una cláusula gatillo con ajuste inflacionario, pero que después no pudo afrontar por falta de fondo.

Luego de las vacaciones de julio, cuando no se pudo pagar el medio aguinaldo, y ya con el regreso del pago escalonado (se pagaban los sueldos por rangos de ingreso), volvieron las medidas de fuerza. En ese marco, dos docentes de Comodoro Rivadavia, Jorgelina Ruiz Díaz (de 52 años) y María Cristina Aguilar (de 55 años), perdieron la vida en un accidente automovilístico en la ruta 3 cuando regresaban a su ciudad luego de participar de una marcha en la capital.

Los momentos posteriores mostraron la furia por parte de los manifestantes, quienes responsabilizaron al gobierno por las muertes. Fueron el caldo de cultivo para el incendio que se desató en la explanada de ingreso a la Legislatura ese mismo martes por la noche.

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Allí se provocó de manera intencional una hoguera de grandes dimensiones, que estuvo descontrolada durante horas, sin intervención de bomberos. Hubo destrozos en el ingreso al edificio legislativo, y luego el epicentro del reclamo se trasladó a Casa de Gobierno, donde también hubo fuego, pero no se pudo identificar a los autores.

Pero en el primer caso, el mismo Goodman fue capturado por las imágenes que difundieron los medios y se propagaron por las redes sociales. Los testigos de la fiscalía lo ubicaron en el lugar y dijeron que tuvo participación activa. Incluso el mismo Goodman declaró y admitió los hechos, pero dijo que actuó víctima de amenazas de otros manifestantes.

La consecuencia fue que el edificio legislativo quedó seriamente dañado, y que aún no se pudo reconstruir el ingreso, cuando ya pasaron casi 3 años. Pero además de los daños materiales y la destrucción de un edificio público, para la fiscal Florencia Gómez, se puso en riesgo la vida de la gente, y por eso anticipó a esta agencia que va a pedir una pena de cumplimiento efectivo, esto es, 5 años de cárcel.

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El artículo 186 del Código Penal Argentino dice textualmente que “el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiera peligro de muerte para alguna persona“. Goodman fue encontrado coautor, ya que además aportó su vehículo para trasladar gomas y pallets, y avivó el fuego que antes había iniciado un sujeto no identificado y descripto solo como que vestía una campera roja.

LA  AUDIENCIA

Este miércoles, día de la medida de fuerza nacional convocada por Ctera, está prevista la audiencia de cesura de pena. Allí cada una de las partes –la fiscalía, la querella y la defensa- dará sus argumentos por los cuales entiende qué pena debería cumplir Goodman, a partir del veredicto de la jueza, que establece un mínimo de 3 años y un máximo de 10. Pero la sentencia se conocerá recién varios días después.

Esto quiere decir que en esta instancia, más allá de que luego quedarán las apelaciones, es imposible la absolución de Goodman como piden los colegas docentes y de otros gremios estatales. El veredicto de la jueza ya está expresado, y es de culpabilidad.

Por parte de la fiscalía, la fiscal Florencia Gómez ya anticipó a ADNSUR que solicitará una pena de 5 años, y valoró que, en el fallo, “la jueza coincidió con la teoría, imputación y las pruebas de la Fiscalía en contra de Goodman. Había testigos y filmaciones donde se analizaron los hechos en los cuales se lo imputó por el delito de ‘incendio intencional”.

Recordó la fiscal que “cuando tuvo el derecho a declarar, Goodman se hizo cargo y reconoció que había hecho algo que no correspondía. En el alegato final cuando solicité la culpabilidad de Goodman, manifesté que él mismo había reconocido que había realizado hechos que estaban prohibidos”.

Si bien Goodman sostuvo que actuó bajo amenaza, dijo Gómez que “en el alegato final, expresé que no se había podido acreditar la existencia de la amenaza, pero no había ningún impedimento por el que podría haber reaccionado de otra manera y –sin embargo- no lo hizo”, explicó.

Por otra parte, la fiscal Gómez se refirió al reclamo de CTERA a nivel nacional tras conocer la condena de Goodman, y sostuvo “los gremios tienen derecho a la protesta si consideran que esta situación los perjudicó. En el alegato final, le manifesté a la jueza que en ningún momento la Fiscalía cuestionó el derecho de todo ciudadano a realizar una protesta en relación a un hecho que necesita ejercer. Es un derecho constitucional. Pero no se podía pretender encubrir un delito penal con una protesta social”, dijo finalmente.

FUENTE ADNSUR

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