Una jueza federal de Río de Janeiro ordenó levantar la campaña publicitaria del gobierno de Brasil para suspender el aislamiento por la pandemia de coronavirus y volver a trabajar, decisión que le generó una confrontación con los gobernadores y forzó a Jair Bolsonaro a retroceder y afirmar que no fue una campaña sino un “experimento”.
La jueza Laura Bastos Carvalho ordenó esta mañana que el gobierno “se abstenga de vehicular, por radio, televisión, periódicos, revistas, sitios web o cualquier otro medio, físico o digital, piezas publicitarias relativas a la campaña ‘Brasil no puede parar'”.
En caso de incumplimiento de la orden, la magistrada estimó una multa de 100.000 reales por infracción, según informa el diario O Globo.
El gobierno federal contrató en carácter de urgencia, sin licitación, una agencia publicitaria para animar a la población a ignorar las recomendaciones de aislamiento social como forma de combatir el coronavirus.
La divulgación de las piezas publicitarias, a un costo de 4,8 millones de reales, está prevista para hoy.
La decisión de la jueza Bastos Carvalho es en repuesta a una acción civil que presentó anoche el Ministerio Público Federal en Río para impedir que el gobierno federal lance la campaña “Brasil no puede parar”, que coincide con lo expresado públicamente por el presidente Bolsonaro.
Otra de las medidas cumplidas en la medida cautelar obliga al gobierno federal a no realizar ninguna otra campaña que “sugiera a la población brasileña comportamientos que no estén estrictamente fundamentados en directrices técnicas, emitidas por el Ministerio de Salud, con base en documentos públicos, de entidades científicas de notorio reconocimiento”.
La presentación del Ministerio Público fue firmado por 12 fiscales de la República y señala en uno de sus párrafos que “desde la emergencia de la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por el nuevo coronavirus, el presidente Jair Mesías Bolsonaro ha negado sistemáticamente la gravedad de la Covid-19, a pesar de los conocimientos científicos obtenidos hasta ahora sobre el virus y el estado de pandemia mundial”.
Además, el juez federal de Rio de Janeiro Márcio Santoro Rocha anuló hoy el decreto presidencial que exceptuaba como servicios esenciales a las iglesias y negocios de lotería ya que “el decreto pone en riesgo toda la eficacia de las medidas de aislamiento social para aplanar la curva del coronavirus”.
Bolsonaro había levantado la apuesta en los últimos días presionando a gobernadores y alcaldes a eliminar la cuarentena y afirmó que no cree en los números provistos por los hospitales de San Pablo, el epicentro de la pandemia en Brasil, cuyo gobernador, Joao Doria, afirmó ayer que el presidente es un “irresponsable” y el “garante de futuros fallecidos”.
El jefe de Estado mantiene una posición por momentos contradictora hacia la crisis, porque mientras pide que las personas “salgan a las calles a trabajar” y apoya manifestaciones de sus simpatizantes contra la cuarentena, una de las cuales está prevista para hoy, ayer encabezó un acto del Banco Central para liberar 8.000 millones de dólares para una línea de crédito subsidiada a las Pymes, que les permita pagar salarios de hasta 400 dólares durante dos meses.
“¿Cuál es el gobierno? El del Ministerio de Salud o el del irresponsable de Bolsonaro?”, se preguntó ayer el gobernador de San Pablo, quien denunció que recibió amenazas de muerte y enfrentó protestas de decenas de bolsonaristas.
Brasil contabiliza hoy 3.477 personas contaminadas, con 96 muertos y 6 personas que sanaron. Entre los fallecidos figura el intendente (prefecto) de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, conocido como Antonio Felicia (PT), quien fue la primerea fue el primer muerto del estado nordestino de Pauí por el Convid-10. El intendente, de 57 años, era diabético.
