A menos de un año de dejar el cargo, y a pesar de la vacunación récord, el presidente no logra repuntar en popularidad.
Cacerolazos, protestas, la amenaza de un paro general y la presión opositora por un juicio político marcan el último año del Gobierno de Sebastián Piñera, el presidente de Chile que no ha logrado remontar la crisis que estalló en 2019 y cuya gestión se mantiene en niveles mínimos de aprobación que no superan el 20 %.
Esta semana reaparecieron las movilizaciones masivas en su contra, ahora por resistirse al tercer retiro de fondos de pensiones que ya aprobó la Cámara de Diputados y que este jueves ratificó el Senado.
Piñera impugnó el proyecto ante el Tribunal Constitucional con la esperanza de que el órgano de justicia del país lo frene, a lo que miles de ciudadanos respondieron desde el lunes con cacerolazos a diario en las principales ciudades del país -desde las casas, debido al confinamiento por la pandemia- y barricadas y fogatas en plazas y carreteras.
Una de las reacciones más contundentes fue la huelga que la Unión Portuaria de Chile inició el miércoles y que fue respaldada por la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios y la Alianza Marítima. En los principales puertos del país hubo protestas por el intento de Piñera de evitar que las y los trabajadores puedan sacar por tercera vez lo que han ahorrado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son privadas.
Además, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería anunció su ruptura con el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la organización sindical más grande del país sudamericano, y convocó a un paro general para el 30 de abril. En ese momento se prevé que la legalidad del retiro de pensiones ya estará siendo debatida por el Tribunal Constitucional. Por eso este jueves uno de los principales lemas promovidos en redes sociales fue: “Se viene el gran paro”.
A ello se le suma la presión de parte de la oposición que ya anunció que analizará la presentación de una nueva acusación contra Piñera en el Congreso, lo que podría derivar en un juicio político para evaluar su destitución.
El partido Democracia Cristiana, por ejemplo, ya confirmó que un equipo jurídico y político estudia una acusación debido a “las tardías e insuficientes” ayudas sociales del Gobierno en medio de la pandemia. En un comunicado, también conminó al presidente a retirar el reclamo ante el Tribunal Constitucional.
En el mismo caso de análisis para acusar a Piñera se encuentra el Partido Socialista, que advirtió que actuará “bajo el principio de responsabilidad política”.
Necesidad y urgencia
Piñera enfrenta esta nueva crisis en un estado de debilidad política, ya que de acuerdo con la última encuesta de la consultora Cadem publicada el pasado lunes, su gestión sólo tiene una aprobación del 16 %.
A fines de 2019 y principios de 2020, su popularidad llegó a desplomarse por debajo del 10 %. Meses más tarde logró remontar a un 20 %, este año principalmente por la exitosa campaña de vacunación contra la pandemia que ya ha logrado inmunizar al 40 % de la población objetivo. Pero no fue suficiente y hoy se mantiene como uno de los presidentes latinoamericanos peor evaluados de la región.
En julio del año pasado, a pocos meses de estallada la pandemia, el Congreso aprobó un primer retiro de hasta el 10 % del monto de cada pensión ahorrada en al AFP, con el objetivo de que la población contara con recursos financieros para enfrentar la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria.
Piñera siempre rechazó la medida al advertir el riesgo de vaciamiento de los fondos de pensiones y considerar que los programas sociales de su Gobierno eran suficientes, con lo que la mayoría de la población no estaba de acuerdo.
En esa ocasión, 11 millones de afiliados -que representan al 95 % del total- sacaron 20.500 millones de dólares del sistema. A fines de diciembre, cuando se aprobó un segundo retiro, 7,6 millones de personas usaron otros 15.773 millones de dólares. Con el tercer retiro que está en marcha, diversos economistas calculan que serán extraídos otros 10.000 millones de dólares.
Sin esos más de 45.000 millones de dólares en los fondos, la Superintendencia de Pensiones de Chile calcula que alrededor de 4,9 millones de personas se quedarán sin pensiones, lo que representa un riesgo a mediano y largo plazo. El problema es que, para sobrevivir en lo inmediato, los ciudadanos necesitan esos recursos.
Elecciones
La controversia por el tercer retiro de pensiones se lleva a cabo en medio del clima electoral rumbo a los comicios que se realizarán el 15 y 16 de mayo, y que debían haberse concretado el 10 y 11 de abril, pero que fueron pospuestos por la nueva ola de la pandemia.
Así, el próximo mes Chile enfrentará la elección más grande de su historia por número de candidatos y cargos de elección popular, y una de las más trascendentales, ya que se definirán los nombres de los 155 ciudadanos que redactarán una nueva Constitución que será sometida a un plebiscito en 2022.
Junto con ellos, también serán elegidos 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores regionales, lo que suma un total de 2.768 puestos en disputa que podrán ser votados por un padrón de 14,9 millones de chilenos.
La nueva Constitución es resultado del estallido social iniciado en el país en 2019 que debilitó al Gobierno y del cual Piñera no ha logrado recuperarse. La agenda en las urnas continuará el 21 de noviembre, con las elecciones en las que será electo su sucesor, a quien tendrá que entregarle la banda presidencial en marzo del próximo año.
Por Cecilia González RT en Español
