La falta de información sobre el destino de las reservas en lingotes del BCRA desata una controversia que incluye manipulación de opacidad y cuestionamientos legales.
El traslado de oro y las sospechas
El diputado bonaerense Gustavo Pulti presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por la falta de información sobre el destino de las reservas de oro trasladadas al exterior. Según Pulti, estas operaciones carecen de transparencia, lo que se considera incompatible con el funcionamiento democrático de una república.
“Es inadmisible que el oro de los argentinos se saque del país sin informar a dónde fue ni con qué propósito”, denunció. Las autoridades justificaron la medida aludiendo a beneficios financieros, pero no aclararon detalles operativos ni administrativos, lo que ha generado desconfianza.
Justificaciones oficiales y restricciones a la información
El ministro Caputo defendió el envío, calificándolo como “una movida positiva” que permite aprovechar mejor los activos. Sin embargo, el comunicado oficial del BCRA enfatizó la confidencialidad como necesaria para proteger las reservas y criticó la difusión de información que, según argumentaron, podría poner en riesgo la estabilidad financiera.
En paralelo, el Gobierno emitió un decreto que restringe el acceso a la información pública, limitando qué documentos pueden considerarse públicos y ampliando lo que se define como “secreto”. Esto ha intensificado las críticas hacia la administración, acusada de reducir la transparencia.
Impacto político y demanda de explicaciones
La controversia llega en un contexto de creciente malestar social, donde las decisiones del Gobierno de Milei enfrentan un escrutinio cada vez mayor. Para Pulti, el traslado del oro y la negativa a informar sobre su destino son acciones incompatibles con los principios republicanos. Exigió que la Justicia investigue para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos nacionales.
La polémica sobre las reservas de oro es vista por muchos como un caso testigo que refleja la tensión entre el Gobierno y las demandas de accountability de la ciudadanía y los sectores políticos opositores.
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