La tensión política en Argentina alcanzó uno de sus puntos más críticos desde la asunción de Javier Milei.
En una jornada histórica, el Senado aprobó un paquete de leyes con fuerte impacto fiscal que incluye un aumento del 7,2 % en las jubilaciones, una nueva moratoria previsional, fondos adicionales para las provincias y medidas de emergencia en discapacidad. La iniciativa fue impulsada por la oposición con el respaldo de varios gobernadores, incluyendo algunos que hasta ahora acompañaban al oficialismo.
La reacción del presidente Milei no tardó: acusó al Congreso de llevar adelante un “intento de golpe institucional” y anunció que vetará todas las leyes aprobadas, además de iniciar acciones judiciales para frenar su implementación.
💥 Fractura institucional y fuego cruzado en el oficialismo
La crisis no sólo se da entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el corazón del oficialismo también hay grietas. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que permitió la sesión, fue duramente cuestionada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la acusó de traicionar al Gobierno. Villarruel respondió con críticas directas, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, trató de bajar el tono asegurando que aún hay “espacio para el diálogo”.
Mientras tanto, los gobernadores marcaron distancia del ajuste que impulsa Milei, principalmente por el impacto en los fondos coparticipables. El respaldo de las provincias fue clave para la aprobación del paquete fiscal en el Senado.
📉 Repercusiones económicas y judiciales
El conflicto político impactó de inmediato en los mercados. El Merval cayó un 2 % y los bonos en dólares retrocedieron, reflejando el nerviosismo inversor ante la posibilidad de un bloqueo institucional prolongado. Además, se incrementó el riesgo país, a medida que crecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal.
Como si fuera poco, el clima político se vio sacudido por otro hecho: el expresidente Alberto Fernández fue procesado por presunta corrupción en una causa relacionada con contratos de seguros estatales. Aunque Fernández lo niega, la noticia suma tensión en un escenario cada vez más fragmentado.
En paralelo, el ministro de Economía Luis Caputo denunció un supuesto plan opositor para “desestabilizar al Gobierno” tras la difusión de rumores sobre declaraciones suyas que alertaban sobre un “colapso económico inminente”.
Con la gobernabilidad en jaque, la Argentina entra en una etapa de máxima tensión política. El futuro inmediato dependerá del desenlace del veto presidencial, la actitud del Congreso frente a la posible judicialización y, sobre todo, del costo político que pueda tener esta batalla para un Gobierno que prometió orden, pero enfrenta un escenario cada vez más volátil.
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