El Gobierno de la Provincia y 41 instituciones vinculadas de manera directa a la actividad, firmaron un comunicado en el que se le solicita al Gobierno Nacional y al Poder Legislativo la continuidad de la norma.
Para Córdoba, es una actividad estratégica en el agregado de valor y el desarrollo sostenible.
A través de un comunicado al que suscriben 41 instituciones, entidades y cámaras sectoriales, el Gobierno de Córdoba solicitó a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y del ámbito legislativo, la prórroga del Régimen de Promoción para la Producción y uso Sustentable de Biocombustibles.
La misiva tomó forma e impulso la semana pasada, cuando los ministros integrantes del Gabinete Productivo Provincial (Agricultura, Industria y Ciencia), más las carteras de Coordinación y de Servicios Públicos, mantuvieron un encuentro a través de videoconferencia con más de medio centenar de dirigentes sectoriales, incluyendo la Comisión de Enlace Agropecuaria de Córdoba, la Bolsa de Cereales local, colegios de profesionales y casas de altos estudios, entre otros.
Este pedido se viene realizando desde hace tiempo, y esta vez se reitera con el acompañamiento de un amplio sector. La provincia cuenta con un importante desarrollo en la producción de bioetanol de maíz como componente de su bioeconomía, y un enorme potencial en relación al biodiesel y otros usos de biomasa, ejes que se detallan en la solicitud.
La Ley Nacional 26.093 que determina el Régimen de Promoción de este sector estratégico para el desarrollo sostenible, posibilitó incrementar alternativas de agregado de valor a la producción primaria en el sector agroindustrial, igualando oportunidades, promoviendo empleo calificado y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros beneficios, tal como lo manifiesta el texto elevado al Gobierno Central.
El plazo de término de la mencionada ley está previsto para el 12 de mayo del año en curso, tiempo exiguo para el desarrollo de alternativas que lo suplanten. “Consideramos enfáticamente que el tiempo disponible hasta la caducidad de la presente normativa, que ocurrirá el 12 de mayo de 2021, resulta extremadamente insuficiente para considerar otras alternativas que permitan consensos y garanticen desarrollos regionales armónicos, razonables y distribuidos”, destaca el documento.